En la última semana los medios
nos han ido deshilando la Operación Taula, dando como resultado la imputación,
entre otros, de 9 de los 10 concejales del Partido Popular de Valencia. En
total, estamos hablando de unos 50 asesores, concejales y ex ediles del Partido
Popular de Valencia. El destrozo ha sido tal, que el Partido Popular Nacional
se ha visto obligado a disolver la cúpula del grupo municipal y poner en su
lugar a una gestora. Y no es de extrañar, porque para la Guardia Civil dicho grupo
municipal actuó como "organización criminal".
¿En qué consiste esta
investigación? Pues la bomba de esta semana consiste en un blanqueamiento masivo
de dinero procedente de la caja B del partido. Básicamente, en las últimas
elecciones autonómicas se instó a todos los miembros a donar 1.000€ al partido
a cambio de recibir dos sobres de 500€ de dinero negro procedente de la caja B
del partido. Es decir, transformaban dinero negro de dudosa procedencia en
donaciones dirigidas al partido. Encima, estas donaciones se desgravan al 20%
en la declaración de la renta, por lo que los "investigados" daban
1.000€ a cambio de recibir 1.200€ (1.000€ de la "Caja B" + 200€ a desgravar
en la declaración). ¿Y de dónde venía ese dinero negro? De comisiones ilegales
de un 3% del presupuesto por asignar concursos a dedo.
En un ejercicio de lucha
contra la corrupción, el Partido Popular prometió durante la campaña electoral
suspender la militancia y denunciar por daños de imagen a todos los imputados por corrupción a los
que se les abra juicio oral. De producirse, 9 de los 10 concejales del Partido
Popular de Valencia pasarían a formar parte del grupo mixto, a no ser que
renuncien a su puesto antes. Lo curioso de la situación es que, si llega el
juicio oral y no renuncian a su acta, el único concejal "limpio" no
sería suficiente para que el PP tuviera grupo propio en el Ayuntamiento (el
mínimo es de dos concejales), pudiendo producirse que la totalidad de
concejales que hoy son del Partido Popular pasen directamente al Grupo Mixto.